Santa Marta.-
Sacyr, la misma que construyó el puente Hisgaura se quedó con el proceso de licitación y adjudicación del Proyecto Ruta Fluvial 5G, Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, más conocida como la APP del Canal del Dique.
La firma española resultó ganadora debido a que fue la única que presentó propuesta y que, según lo dicho por la ANI, cumple todos los requisitos administrativos y financieros para llevar a cabo las obras de este megaproyecto.
En su momento, varios entes de control, entre ellos la Procuraduría y Contraloría, se pronunciaron sobre este proceso e indicaron que debía resolverse prontamente debido al impacto que tiene este proyecto para comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre.
El proyecto Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la Bahía de Cartagena. La iniciativa tiene previsto inversiones por $3,10 billones (Capex + Opex); $2.19 billones de capex y $0.91 de opex (cifras estimadas a diciembre de 2020).
En noviembre de 2108 Primera Página denunció que «Literalmente, el Puente Hisgaura de Sacyr en Santander se encogió, se encrespó, se volvió un acordeón». Era el secreto mejor guardado hasta ese m9mento, de los gobiernos saliente y del entrante. Todo porque obligará a decretar la caducidad del contrato, por incumplimiento y por imposibilidad de uso de la obra, y se lleva por delante a la española Sacyr que posee un portafolio de contratos en Colombia por US$1.000 millones. Presentado como el puente más alto atirantado de Suramérica (148,3 metros) – clave para conectar la vía Bogotá – Bucaramanga – Santa Marta con la troncal Bogotá – Cúcuta -, se “distensionó”. Lo más grave es que con un burdo maquillaje asfáltico la constructora oculta un siniestro de ingeniería que cuesta $100 mil millones. Es la tercera vez que Sacyr la falla a Colombia.
También se vinculó al contratista (Sacyr Construcción S. A – Sucursal Colombia) y a las firmas WSP ingeniería Colombia SAS (en su calidad de Interventor del Contrato de Obra No. 285 de 2013, desde el 21 de enero de 2014 hasta el 11 de diciembre de 2016) y Estudios Técnicos y Asesorías S.A. -En Reorganización- ETA S.A., en su calidad de Interventor del mismo contrato de obra, desde el 12 de diciembre de 2016.
“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.
Para lograr este objetivo, el Gobierno del Cambio cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Contraloría General de la República.
Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.
Desde que inició el mandato del presidente Gustavo Petro se han llevado a cabo cerca de 20 mesas de diálogo con comunidades y líderes regionales a las que asistieron cerca de 1.000 personas.Estas jornadas arrancaron el ocho de septiembre con la visita que hizo el primer mandatario al municipio de Santa Lucía (Atlántico). Previamente, el 6 y 7 de septiembre, la ANI hizo mesas de trabajo en Suán, sede Universidad del Atlántico, Palacio de la Proclamación en Cartagena y la Casa de la Cultura en San Onofre (Sucre).
Otras 13 reuniones se hicieron, entre el 27 y el 30 de septiembre: Los lugares fueron: Campo de la Cruz, Casa de la Cultura de Repelón, Candelaria, Carreto, Manatí, Luruaco y Sabanalarga, en el Atlántico. También en: San Estanislao, San Cristóbal, Tierra Bomba, Caño del Oro, Calamar y Punta Arena, en Bolívar.
Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.
Generalidades del proyecto
Dentro de los trámites adelantados por la entidad, el proyecto contó también con aprobaciones de otras entidades del orden nacional como: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para ejecutar las obras que inician con el proceso de preconstrucción y tienen una duración de 18 meses.
En esta etapa se adelantarán requerimientos técnicos, ambientes, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción. En esta fase de preconstrucción, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar.
La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.
La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre, San Onofre.
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