Bogotá.- El Grupo Pronum, reconocido por estar en el renglón del acero y construcción, que tiene deudas por más de $10,800 millones se acaba de acoger a protección de acreedores.
La compañía que tiene obligaciones vencidas a más de 90 días que ascienden a $7.549 millones y que corresponden al 69,677% respecto al pasivo total, reporta como accionistas a los integrantes de la familia Ballesteros Barriga.
La sociedad a 28 de febrero de 2025 presentó activos por $8.771 millones.
Entre las causas que llevaron a la compañía a la reorganización se encuentran: el cambio de Gobierno y su consecuente modificación de política de vivienda en 2022, que eliminó la mayoría de los subsidios que había en el sector, modificando los requisitos para el acceso a estos, generando una caída de ventas de vivienda en Colombia, ya su vez la incertidumbre política y económica y las altas tasas de interés que han afectado el inicio de proyectos y construcciones durante los últimos dos años.
En el expediente, se lee que la compañía también alegó que, de acuerdo con Camacol, el primer trimestre del 2024 presentó la cifra más baja de venta de vivienda de los últimos 15 años, adicionalmente las cifras consolidadas de 2023 muestran una disminución del 49,7% con respecto a 2022.
Dentro de este panorama la vivienda VIS es la más golpeada, este hecho afecta A Grupo Pronúm SAS, teniendo en cuenta que la vivienda VIS consume principalmente malla electrosoldada, el producto que representó el 66% del ingreso de la sociedad durante el 2023.
Además, dije que el Banco de la República incrementó su tasa de interés de referencia de manera constante desde el 2022, y, este aumento ha encarecido los préstamos y ha frenado el consumo y la inversión, lo que ha afectado al sector de la vivienda, los costos más altos de financiamiento han reducido la accesibilidad a créditos hipotecarios, disminuyendo la demanda de viviendas nuevas y usadas.
Debido al aumento significativo de la inflación, uno de los componentes más afectados en el sector de la construcción ha sido el acero, registrando un incremento cercano al 35%, entre 2022 y 2023.
Los altos costos del acero, así como de otros materiales de construcción, han llevado a un aumento en los costos de las obras, tanto en infraestructura como en vivienda.
Todo lo anterior, dice la empresa, ha conllevado una disminución significativa en los ingresos de la sociedad, entre otras cosas, debido a la baja en las importaciones de acero en un 40% durante el año 2023, y los únicos dos proveedores que comercializan la materia prima en Colombia, han recortado cupos, plazos y privilegian la venta anticipada, ocasionando dificultades para obtener materia prima.
Por lo anterior, la sociedad se encuentra en una gran incertidumbre frente al sector de la construcción, aunado a la reducción en el inicio de proyectos de vivienda, y consecuencialmente en la disminución en el flujo de caja debido a las bajas ventas de malla electrosoldada.”
La sociedad, que registra como representante legal a Jaqueline del Pilar Ballesteros Barriga tiene como objeto principal las siguientes actividades:
Industrias básicas del hierro y el acero, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción, cultivo de frutas tropicales y subtropicales, comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo, transporte de carga por carretera.
Así mismo, puede realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La Superintendencia de Sociedades designó como promotora a la representante legal de la compañía, Jaqueline Del Pilar Ballesteros Barriga.
La entidad también ordenó a la deudora abstenerse de realizar, sin autorización del despacho, enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales que supongan erogaciones reales o potenciales a carga de la sociedad.