Bogotá.- Colturex, empresa de turismo y expresos, que según los más recientes reportes muestra deudas vencidas por más de $18,587 millones quiere acogerse a protección de acreedores ante la Superintendencia de Sociedades.
El valor acumulado de las obligaciones en cuestión representa el 87,02% del pasivo total a carga de la sociedad. Así las cosas, las deudas totales de la compañía superan los $21.359 millones.
La sociedad registró, al 31 de diciembre de 2024, activos por $46.475 millones, según los informes entregados a la Superintendencia de Sociedades.
La compañía reporta como accionistas principales a Luis Ernesto Sánchez Riaño y María del Carmen Pecillo.
La solicitud al proceso de reorganización de Colombiana de Turismo y Expresos se radicó el 31 de enero de 2025. En dicha documentación se anexó el Acta 96 – de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde, de acuerdo con el cual el máximo órgano social se autorizó al representante legal, Ernesto Sánchez Riaño, a iniciar el proceso de insolvencia de la compañía con base en la Ley 1116 de 2006.
Colturex enfrenta tres demandas de procesos ejecutivos presentados por las entidades financieras Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Davivienda, lo cual, por sí solo, configura una de las causales legales de cesación de pagos. Como consecuencia de estos procesos, se han decretado y practicado embargos sobre cuentas bancarias de la sociedad, afectando directamente su liquidez y operación.
Entre tanto, una sociedad no tiene pasivos pendientes por retenciones a favor del fisco, por descuentos a trabajadores ni por aportes al sistema de seguridad social, según la propia compañía.
Dentro de la información reportada se evidencian documentos en los que se indica que, la sociedad tiene bienes dados en garantía y los mismos se derivan de las obligaciones que se detallan a conmutación:
Por el momento el proceso de reorganización se negó por cuanto, según la Superintendencia de Sociedades la compañía no aportó documentos como el registro de auditoría ni otra información que permitiera verificar identificar al suscriptor del mensaje, de manera confiable y apropiada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley.