Bogotá.- En las madrugadas bogotanas, cuando los primeros camiones descargan bultos de papa, plátano y cebolla, el ruido de Corabastos parece inalterable. Es un caos vital que mueve toneladas de alimentos cada día y que abastece a millones de personas.
Pero detrás de esa rutina frenética, la central mayorista más grande del país vive una tormenta silenciosa que tiene a comerciantes, políticos y autoridades en vilo.
El primer sacudón llegó el tres de julio de 2025. Esa mañana, Francisco Javier Salcedo, quien había dirigido la corporación por tres años, anunció su renuncia. No lo hizo en un comunicado frío ni en una carta privada, sino en un video difundido por redes sociales.
Allí confesó, con tono de desahogo, que había sido presionado por la junta directiva para dar un paso al costado. Su “pecado”, según él mismo, fue haber buscado una solución drástica a un problema financiero histórico: un laudo arbitral que condenaba a la central a pagar $37.000 millones. Salcedo hipotecó bienes de Corabastos para responder por la deuda, y esa decisión, en lugar de fortalecerlo, terminó por aislarlo. “Mi pecado fue haber solucionado un problema”, sentenció.
Francisco Javier Salcedo.
Lejos de traer calma, su salida abrió un boquete mayor. A finales de julio, la junta directiva, con aval del Gobierno Nacional, eligió como nuevo gerente a David Martínez Carrillo. La designación parecía, en principio, un relevo natural. Pero pronto comenzaron las revelaciones.
Un documento expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial —que supuestamente certificaba que Martínez no tenía sanciones vigentes— fue desmentido por la propia Rama Judicial. La certificación, simplemente, no existía.
Lo que sí existía era una sanción disciplinaria impuesta meses atrás: Martínez había sido castigado con dos meses de suspensión. El contraste entre la realidad y la documentación encendió las alarmas. ¿Cómo había llegado un papel falso hasta la Junta Directiva? ¿Quién lo había introducido en el proceso de selección? El caso comenzó a ser investigado como un presunto episodio de falsedad documental, un golpe que, de confirmarse, pondría en entredicho la legitimidad del nuevo gerente y la seriedad de la elección.
La historia no se detuvo allí. Mientras se aclaraban las denuncias, la tensión entre la administración distrital y la cúpula de Corabastos se agudizó. La noche del 27 de agosto (ayer), la delegada del alcalde Carlos Fernando Galán, quien hasta entonces presidía la Junta Directiva, fue removida de su cargo. La razón oficial: su negativa a aprobar un contrato laboral que levantaba dudas jurídicas. Para Galán, aquello no fue más que una represalia.
A la mañana siguiente, el alcalde rompió el silencio en un trino que encendió el debate público: “La causa superior de todos debe ser que Corabastos sea una corporación transparente. Cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”. Y agregó que estudiaría medidas para llevar los hechos ante las autoridades competentes. En otras palabras, la Alcaldía de Bogotá interpretaba el episodio como una maniobra contra la transparencia de la central de abastos.
Mientras tanto, los comerciantes miraban con desconcierto. En los pasillos y bodegas, donde la realidad es más urgente —si la papa sube, si el transporte falla, si la carga llega tarde—, la crisis en la cúpula sonaba lejana. Pero los más atentos saben que esas disputas en las oficinas repercuten en la plaza: afectan decisiones sobre infraestructura, control de precios, seguridad y hasta la manera en que se financian los servicios de la central.
Lo que queda claro es que la corporación atraviesa un momento crítico. En menos de dos meses perdió a su gerente, eligió a un sucesor cuestionado por falsedad documental, removió a la presidenta de la junta directiva y enfrentó denuncias de contratos oscuros. En un país donde las plazas de mercado han sido históricamente semilleros de poder económico y político, lo de Corabastos trasciende lo administrativo: habla de la fragilidad institucional y de la incapacidad de blindar la transparencia en espacios que mueven miles de millones cada día.
Al amanecer, los camiones seguirán entrando por la avenida de las Américas y los compradores seguirán regateando precios de guanábana, plátano y yuca. El bullicio de Corabastos parece eterno, impermeable a las disputas de los escritorios. Pero en la trastienda, la central más grande de Colombia se debate entre la legalidad y la sospecha. Y como dijo un comerciante que lleva treinta años vendiendo en sus bodegas: “Aquí todo se sabe, y lo que se cocina arriba tarde o temprano se riega abajo”.
Hoy, Corabastos está en el ojo del huracán, no por el precio del tomate ni por el abastecimiento de la ciudad, sino por un pulso interno que amenaza con dejar en entredicho su legitimidad. Lo que comenzó con una renuncia incómoda terminó destapando una olla que apenas empieza a hervir.