Santiago de Cali.- El megaproyecto de infraestructura vial Vía 5G Buga-Buenaventura experimentó un retraso de aproximadamente seis meses en su cronograma, debido a la demora en la obtención de licencias ambientales y permisos administrativos.
El proyecto, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S., tenía prevista su finalización para febrero de 2028, pero ahora se proyecta para agosto de 2028.
El avance actual de las obras, a septiembre de 2025, es del 6.82%. Los retrasos se concentran en ocho de las 21 unidades funcionales del proyecto, lo que equivale a un 38% del total. Estas demoras se deben a trámites pendientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), ya que las unidades afectadas se ubican en zonas de alta sensibilidad ecológica.
Con una inversión total de 4.2 billones de pesos en capital (Capex) y 2.5 billones en operación y mantenimiento (Opex), el proyecto busca mejorar la conexión entre el puerto de Buenaventura y el interior del país. Su objetivo principal es optimizar el transporte de carga y pasajeros, reduciendo los tiempos de viaje en 40 minutos y mejorando la seguridad en una ruta históricamente afectada por derrumbes.
El proyecto abarca 128 kilómetros e incluye la construcción de 35 kilómetros de segunda calzada, dos túneles nuevos, 26 puentes vehiculares y 12 peatonales, así como la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente. Se estima que generará más de 6,000 empleos y beneficiará a más de 3 millones de personas en siete municipios del Valle del Cauca.
Los problemas geológicos históricos en la ruta, como los deslizamientos de tierra, justifican la necesidad del proyecto 5G. Un ejemplo de estos incidentes ocurrió en mayo de 2019, cuando un deslizamiento cerró la vía por varios días. La ANI ha indicado que no se han reportado escándalos de corrupción o irregularidades financieras en la ejecución del contrato actual, pero los trámites ambientales representan un desafío en este tipo de obras.
Para abordar las demoras, la ANI ha priorizado mesas de concertación con las comunidades. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con las comunidades afro e indígenas de Buenaventura para gestionar compromisos de reubicación de redes y adquisición de predios. Aunque no se han reportado conflictos abiertos, en esta región este tipo de proyectos puede generar tensiones.