Bogotá. – La Contraloría General de la República decidió emitir un control de advertencia dirigida al comandante del Ejército y al ministro de Defensa por la existencia de un riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público bajo el criterio de excepcionalidad de connotación económica por el pago anticipado por valor de US$16.231.700 que se hizo por el Contraloría emitió control por el contrato de mantenimiento de los helicópteros M1-17 de fabricación rusa.
En aplicación del artículo 33 de la Resolución Reglamentaria Organizacional REG-ORG-0762 de 2020, por cuanto los resultados obtenidos en el Seguimiento referido al sujeto de control, indican que se encuentra configurado e identificado el riesgo mencionado, y concurren los criterios de excepcionalidad necesarios para determinar la viabilidad de efectuar el pronunciamiento de advertencia.
Un día antes de la Navidad de 2024, Primera Página reveló los apuros en que andaba un viceministro de Defensa para otorgar un contrato de 32 millones de dólares a una firma que no contaba con las capacidades para realizar el mantenimiento a helicópteros Ml-17 rusos del Ejército Nacional de Colombia arrumados en la base militar de Tolemaida (Tolima).
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El Ejercito Nacional cuenta con una flota de 20 helicópteros MI-17 de fabricación rusa, que utiliza en sus operaciones militares, sin embargo, en la actualidad se evidencia una disminución en la capacidad operacional debido a la situación de mantenimiento que se afronta.
Debido a esta situación, el Ministerio de Defensa suscribió el contrato 12-2024 con la empresa Vertol Systems Company por un valor de US$32,463,400, firmado el 31 de diciembre de 2024, con el fin de mantener y sostener la flota MI- 17, y cuya ejecución está prevista hasta el 15 de noviembre de 2025.
El tres de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa informó del inicio del proceso de incumplimiento del contrato. Esta situación pone en riesgo la capacidad operacional y logística de la Fuerza Pública.
Irregularidades para favorecer a Vertol
En la evaluación económica del contratista se determinó que la empresa Vertol tenía la liquidez y robustez económica para soportar la ejecución del objeto contractual.
Así mismo, en el análisis de riesgos realizado por el Ministerio de Defensa, establecieron como riesgo la iliquidez y se asignó al contratista este riesgo. No obstante, lo anterior, la forma de pago pactada inicialmente se modificó con el fin de conferir un pago anticipado del 50% del contrato, justificado en la mitigación del riesgo de iliquidez del contratista. Esto comprueba una valoración deficiente en la evaluación económica y financiera. Por otro lado, el plazo de ejecución del contrato y la vigencia de la póliza culmina el 15 de noviembre de 2025, tiempo insuficiente para el cumplimiento del objeto del contrato. Al iniciarse el proceso de incumplimiento contractual, los recursos del pago anticipado se encuentran en riesgo de pérdida.
Existe un riesgo inminente de incumplimiento por parte del contratista en las obligaciones contractuales asociadas a los Anexos No. 1, 3. 4, 5 y 6, debido a una deficiente evaluación financiera, técnica y jurídica en la etapa de contratación, lo que impidió anticipar sus limitaciones operativas. Este incumplimiento también pone en riesgo la recuperación de US$13,586,873 del pago anticipado, ya que el contratista solo ejecutó parcialmente el contrato, correspondiente al servicio de extensión (Anexo No. 2). y al ser una empresa extranjera con información financiera limitada, se dificultan las acciones legales para la recuperación de dichos recursos. Igualmente, de llegar a materializarse este riesgo.
Podría incrementar los costos asociados a los anexos No 1.3.4,5 y 6 teniendo en cuenta que de acuerdo a los términos Incoterms pactados, el valor del transporte. seguros y gastos asociados a la importación estaban a cargo del contratista y de no cumplirse podrían ser asumidos por el Ministerio de Defensa.
CONCLUSIÓN
La falta de cumplimiento del contrato No 012 de 2024, conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la Flota MI17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional.
A su vez, esta situación impacta los recursos destinados al mantenimiento de otras flotas de helicópteros, así como la movilidad aérea y logística, debido a la necesidad de utilización de aeronaves que no cuentan con la misma capacidad de los MI17 y conduce al desgaste acelerado de las otras flotas.
Detrás de la contratación aparecía el viceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, quien en un debate de control político adelantado el 25 de mayo de 2024 en el Congreso de Colombia, aseguró que se iban a reparar nueve aeronaves cosa que no se hizo entonces.
El representante a la Cámara, Julio César Triana, advirtió entonces que el Ministerio de Defensa le había mentido al país sobre el mantenimiento de las aeronaves.
El viceministro, Luis Edmundo Suárez Soto, es recordado porque tuvo que renunciar en abril de 2016 a la Uiaf luego que se aseguró entregó a revista “The Economist” un informe que sostenía que las Farc tienen una fortuna que ronda los US$10.500 millones. Más recientemente fue el encargado por el Gobierno Petro de recibir en La Guajira los camiones sobrevaluados del escándalo de Olmedo López y la Unidad de Riesgo.
