Por Héctor Mario Rodríguez
Bogotá.- “Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S.”, sociedad propietaria de nueve restaurantes de comida típica colombiana, creada por el humorista Pedro Antonio González – estrella de “La Luciérnaga” – acaba de ser enviada a liquidación judicial por la Superintendencia de Sociedades.
Creada el 28 de febrero de 2007 por “Don Jediondo”, por su esposa María Eugenia Díaz Pasuy y por sus tres hijos, fue admitida al proceso de reorganización el 28 de enero del 2020 y 19 de enero de 2022 el 50,066% de los acreedores acordó otorgar un plazo entre 25 meses y 86 meses para pagar las deudas que sumaban $14.541 millones.
Hoy las pasivos superan los $26 mil millones y los activos, al menos en libros – no hay ni reportes financieros presentados – , los $25.601 millones. Su mayor incumplimiento tiene que ver con el impuesto al consumo a la Dian por 7.729 millones de pesos y fracasaron todas promesas de ponerse al día y la situación se volvió más dramática con los aportes no hechos a seguridad social, con los pagos de los arriendos de los establecimientos en los centros comerciales.
De nada valieron tampoco los reiterados anuncios de la venta por $1.300 millones del inmueble de “Don jediondo” en el Centro Comercial Santafé, que supuestamente daría la caja suficiente para que entrara el dinero para realizar acuerdos de pagos sobre las acreencias pendientes con los fondos de pensiones y las crecientes deudas tributarias.
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Octavio Vélez de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur, y su acuerdo con Barranquilla.
Pero tampoco prosperó el anuncio sobre el interés de dos fondos de inversión – uno suizo y otro colombiano – presentados por la pomposa Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas, con sede en Brasil, y curiosas oficinas en una universidad de Bucaramanga. “Ni hubo siquiera promesa de compraventa… se trata de una expectativa”, concluyó Óscar Alfredo Gómez Mendoza, director de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución de la SuperSociedades, al dictar la sentencia.
Ese había sido el “caballito de batalla” en el que se montaron la administradora de la sociedad y su apoderado para plantear desde mayo pasado nuevos plazos para cumplir con los acreedores. Incluso este lunes solicitaron 16 semanas para cerrar la transacción sobre la que aseguraban la semana se firmó un documento macro que no se mostró. “La negociación va en un porcentaje del 90%, cuatro semanas es la demora para volverla realidad y materializar la inversión”, aseguró la representante legal María Eugenia Díaz Pasuy, quien llegó casi al final de la audiencia de hoy.
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Y ahora viene la historia de la curiosa Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas.
Lea la segunda parte en breve.
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