Por Héctor Mario Rodríguez
Bogotá.- Aunque desde el tres de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa inició el proceso para declarar el incumplimiento del contrato por 32,4 millones de dólares, para el mantenimiento de la flota de 17 helicópteros rusos MI 17 abandonados en las instalaciones del Ejército Nacional, sólo en la madrugada de este sábado se tasaron la pena al contratista y la multa (lo mismo que la responsabilidad de las aseguradoras).
En una audiencia que terminó, muy, muy a la madrugada de este sábado, después de cuatro meses y una semanade haberse denunciado del riesgo inminente de pérdida de más de 20 millones de dólares, se declaró que la empresa Vertol Systems Company, no hizo lo ofrecido cuando faltan apenas siete días para el plazo de ejecución del contrato. Hasta esta hora hay mutismo absoluto por lo ocurrido en el Ministerio de Defensa.
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Vertol Systems Company, Inc., son sede en Florida, cuenta con más de tres décadas de realizando operaciones aéreas a nivel mundial en apoyo del Departamento de Defensa y del gobierno de los Estados Unidos.
Un contrato sobre el cual, desde el 23 de diciembre de 2024, una investigación de Primera Página puso en duda porque detrás existían unos “curiosos” intereses particulares (de Vertol y de la empresa de Miami MI-Series Personnel & Parts LLC, representada por Carlos Martín Uribe y su socio James L. Montgomerie, más un allegado en Colombia).
Y la “curiosa” participación del viceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, del comandante de la Brigada de Aviación Ejército N.° 32 y de funcionarios de entonces en la Aerocivil, y hasta la intervención de la Presidencia de la República.
La audiencia concluida este sábadopor fin realizó el cálculo de la tasación para la pena por el incumplimiento parcial, tanto de la multa, como del pago anticipado, y determinó el valor de la sanción aplicable.
Y le dio la razón al supervisor del contrato, del mismo Ejército Nacional, que el 14 de Julio de 2025, en respuesta al oficio RS20250710138408 de la Contraloría General de la República, determinó así la tasación de las sanciones aplicables, en los siguientes valores:
El 26 de septiembre pasado, la Contraloría General de la Repúblicaconcluyó el riesgo inminente de pérdida de USD $13,586,873, valor correspondiente al saldo del pago anticipado entregado al contratista (USD $16.231.700), una vez descontado el valor facturado por el servicio de extensión relacionado con el Anexo No. 2 (Factura No. 2017514 por USD $2,644,827).
Esa factura fue la única que se reconoció sobre servicios presuntamente realizados. Vertol debe reintegrar US$13,5 millones anticipados (curiosamente el 50% del contrato total) y la multa de US$8 millones. Durante las audiencias se mostró además un curioso proceso, desde marzo de 2025 para emitir la póliza cumplimiento, que finalmente fue una “póliza recortada”, lo que lleva a suponer que el reintegro del dinero será mucho menor al girado por Colombia.
Desde el 23 de diciembre de 2024, Primera Página advirtió que no había posibilidad de que el contrato se cumpliera y además ese mismo día se produjo una acta – de Número 20245812015396746 – en la que se concluyó que la empresa Vertol no había cumplido con la capacidad financiera, y que … “no podría cumplir con el plazo de ejecución del contrato, previsto para el 15 de noviembre de 202”.
Pese a esas advertencias, mediante Resolución No. 5771 del 26 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defense justificó la modalidad de contratación directa con la empresa Vertol System, y el 31 de diciembre de 2024 el comandante de la Brigada de Aviación Ejército N.° 32 Apoyo y Sostenimiento, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte (oficio No 20246320003584301 del 31 de diciembre de 2024), afirmó que “la empresa Vertol se encuentra habilitada”.
Y ese mismo 31 de diciembre de 2024 fue suscrito el contrato No 012 de 2024, cuyo objeto es la “adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicopteros MU 7 (en todas sus versiones) del Ejercito Nacional” con un valor de US$32,463,400 y plazo de ejecución el 15 de noviembre de 2025”.
Curiosamente, el dos de julio de 2025, el gerente del proyecto, el comandante de la Brigada de Aviacion No 32 de apoyo y sostenimiento de Aviación del Ejército (el mismo del aval a Vertol diez meses antes, informó al comandante del Ejército Nacional el avance del contrato, señalando “que el avance financiero corresponde a 50% (el anticipo) y cuenta con un avance de ejecución física del 8% (tres helicópteros atendidos), lo que representa un estado crítico del contrato y que puede ser susceptible de incumplimientos por parte del contratista”.
Primera Página describió el papel en la contratación de Luis Edmundo Suárez, entonces viceministro de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. Además personal del Ejército Nacional de Colombia, “fue enviado a costo del Ministerio de Defensa Nacional (con autorización de la Presidencia de la República) y con visa diplomática a Florida Estados Unidos, para efectuar una vista técnica a la empresa extranjera MI-Series Personnel & Parts LLC, representada por Carlos Martín Uribe y su socio James L. Montgomerie”.
Luis Edmundo Suárez Soto
Ese mismo contratista que luegomanifestó de manera reiterada a la supervisión del contrato una presunta imposibilidad de exportar las aeronaves a los Estados Unidos, argumentando razones relacionadas con tensiones políticas, problemas migratorios, una posible descertificación en materia de lucha antidroga a Colombia, entre otros aspectos.
El 30 de junio de 2025, el supervisor del contrato no tuvo más remedio que “Iniciar los procedimientos jurídicos previstos en la cláusula de incumplimiento del contrato, obvio, después de quer el 21 de junio de 2025, ya Vertol Systems Company Inc., había allegado la factura No 2017514 del 29 de mayo de 2025, correspondiente al anexo No 2: Extensión de tiempo de servicio para tres helicópteros (03) MU7 version IV y MD y sus componentes, por valor de US$2.644.827.72”.
El 20 de marzo de 2025 se modificaron parcialmente cláusulas y anexos del contrato y la cláusula sexta forma de pago, estableciendo pago anticipado de 50%. El 15 de abril de 2025, se realizó el pago anticipado por valor de US$16.231.700.
La Contraloría General de la República, en el ejercicio de su papel de vigilancia fiscal especial sobre el riesgo de afectación negativa a los intereses públicos, evidenció múltiples actuaciones de la Administracion de orden jurídico, técnico y financiero, “afectando la adecuada gestión fiscal frente a las distintas obligaciones adquiridas”.
La Contraloría Delegada del Sector Defensa realizo visita a las instalaciones del Ejército Nacional (Tolemaida), donde se evidenció que las aeronaves y componentes mayores, que están contempladas para realizar overhaul a través del contrato en mención, se encontraban en los hangares del Ejercito, pese a que el plazo de ejecución del contrato termina el 15 de noviembre de 2025.
Es decir, siguen arrumados en Tolemaida …
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