Bogotá.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tuvo que desempolvar los expedientes del caso Glencore y tiene lista toda su artillería judicial para defender a la Nación ante una nueva demanda de uno accionistas de Cerrejón (Anglo American, BHP y Glencore).
El Estado intentó mediar para poner freno a este proceso de manera temprana, sin embargo, los demandantes decidieron seguir adelante con el proceso.
“Hicimos varias mesas de trabajo para intentar evitar que hubiese una demanda y lamentablemente no lo logramos”, explicó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, tras señalar que Cerrejón y en particular uno de sus socios – Glencore – tiene la demanda inicial donde había pretensiones por US$700 millones, allí Colombia fue condenado por US$20 millones, que corresponden a un juicio fiscal de la Contraloría. “Ese está en esta en anulación”, dijo.
«Nos demandaron en una segunda por el canal de acceso al Puerto de Santa Marta. Estamos iniciando el proceso de presentación de escritos. Y, esta tercera demanda que tiene que ver de Glencore como accionista de Cerrejón», añadió.
El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, Ciadi, dictó el día 27 de agosto de 2019 el primer laudo de inversión en un caso colombiano.
La multinacional Glencore pretendía cobrar al Estado colombiano US$575 millones por daños y perjuicios y la devolución de los US$19,1 millones de dólares que Prodeco había pagado a Colombia en razón del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República (enero de 2016). Además, Glencore pedía al Tribunal ordenar a Colombia abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad del Otrosi No. 8.
La decisión ordenó la devolución de los US$19.1 millones más los intereses y rechazó todos los demás reclamos confirmando así la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos.
La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97% las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP.
La demanda interpuesta hace tres años por Glencore, con fundamento en el Acuerdo Bilateral de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera en vigor con Suiza (Appri) y bajo las reglas del Ciadi, se originó por dos situaciones:
– Por la solicitud de nulidad de Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería), al Otrosí N° 8 del Contrato de Concesión, el cual modificaba injustificadamente a favor de Prodeco el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón en la mina Calenturitas, Cesar.
– Por el fallo de responsabilidad fiscal de $63 mil millones (US$19,1 millones) que la Contraloría General de la República le impuso a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción de ese Otrosí. Para el Tribunal Arbitral la medida adoptada por la Contraloría se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, cuestionó el cálculo realizado por el ente de control para determinar el detrimento al patrimonio público y ordenó la devolución del monto pagado por este concepto.