Bogotá.- La Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- ordenó a la influenciadora Laura Camila Paz Hoyos y al establecimiento de comercio Hijas del Dueño, suspender de manera inmediata las operaciones de captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.
La Superintendencia estableció que, mediante perfiles públicos en redes sociales, la señora Laura Camila Paz realizó la promoción del supuesto “fondo de inversión hijas del dueño” mediante el cual recibió $63.929.322 de al menos 48 personas, bajo el argumento de realizar contratos suscritos con quienes se vinculaban para la supuesta compra y venta de activos financieros-divisas, a través de la plataforma extranjera IQ OPTION, prometiendo entregar un porcentaje de rentabilidades entre el 6% y el 75% mensual.
De esta manera recibió dicha suma de dinero para pagar parcialmente las rentabilidades prometidas a los aportantes, sin que se haya iniciado el desarrollo de una actividad económica alguna que justifique de una manera financiera razonable las ganancias acordadas, más allá del recaudo de recursos de nuevos interesados para generar los pagos acordados.
La medida, adoptada mediante la Resolución No. 1509 del 26 de octubre de 2022, también ordena a la señora Laura Camila Paz Hoyos, retirar de todos los medios de comunicación empleados (documentos, aplicaciones de mensajería, entre otros), cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, que se encuentra autorizada para administrar fondos de inversión colectiva y/o para desarrollar actividades de asesoría e intermediación financiera y en el mercado de valores.
Adicionalmente, la Superfinanciera ordenó la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y reitera que Laura Camila Paz Hoyos y el establecimiento de comercio Hijas del Dueño, no cuentan con autorización para realizar operaciones de captación o recaudo de dineros del público en forma masiva bajo cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
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