Ámsterdam. – Un reporte del Transnational Institute Amsterdam (TNI) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señala que existen contra Colombia en tribunales internacionales de arbitramento 13 demandas pendientes de ser aceptadas, por US$19.315 millones.
Dicho monto es superior al total del servicio de la deuda pública nacional del 2021. Vale mencionar que en tres de los 13 laudos pendientes no se conoce el monto exigido por las compañías foráneas.
La gran parte (85,4%) de los US$19.315 millones se debe a la demanda de la empresa estadounidense Cosigo Resources, que reclama US$16.500 millones por la cancelación de un permiso de exploración y explotación de una mina de oro en el sur del territorio, que luego fue declarada reserva natural.
En total, entre el 2016 y el septiembre del 2022 Colombia recibió 20 acciones por parte de inversionistas extranjeros antes los tribunales de arbitraje internacional.
Es decir que ha recibido en promedio tres casos anuales y ni Argentina, al que más le reclaman en el mundo, tiene un ‘average’ tan desfavorable.
Las estadísticas indican además que el 90% de las demandas contra el país cafetero fueron registradas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Además, de las 20 acciones de arbitraje conocidas, existen por lo menos siete en etapa prearbitral, por lo que son amenazas.
“Mas allá de los pagos que pueda hacer el Estado al inversionista para evitar que la demanda se concrete, otro gran riesgo es el del enfriamiento regulatorio o efecto disuasorio, o sea que el Gobierno aplace, modifique o no avance con nuevas leyes para evitar ser demandado e incurrir en los altos costos financieros que estos procedimientos implican”, dice el reporte.
Es así como en octubre pasado el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), Ricardo Triana Soto, señaló que ante la posibilidad de una Reforma Tributaria que cambie las reglas relacionadas con las regalías a las actividades de explotación de petróleo y carbón, para recaudar recursos en 2023, compañías estadounidenses estarían dispuestas a acudir al arbitraje.
Según el dirigente, la nueva reforma tributaria hace relativamente inviable esos proyectos y además a pesar de que el mundo entero ha visto la necesidad de una transición de la energía fósil, no había que marchitarla de una manera tan rápida.
La Ley de Igualdad y Justicia Social, propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro busca recaudar US$4.400 millones para invertir en gastos sociales, a través de una sobretasa en el impuesto de renta de las empresas de petróleo y carbón.
El estudio agrega que el mismo accionar se observó en el caso del gigante farmacéutico suizo Novartis, cuando en el 2015 Colombia declaró un medicamento contra el cáncer de interés público para reducir el precio.
Por ello, la helvética amenazó con demandar ante un tribunal de arbitraje internacional y el Ejecutivo desistió de tocar el monopolio.
Hasta fines de septiembre de 2022, se habían resuelto siete de las 20 demandas contra Colombia, mientras que 13 se encontraban pendientes. De las resueltas, cinco no fueron favorables al inversionista.
Monto sin definir
En la demanda de Eco Oro, en la cual el tribunal ya le dio la razón al inversionista, aún no se ha definido el monto del laudo.
“El caso de Eco Oro pone de manifiesto uno de los principales problemas del arbitraje de inversiones que tiene que ver con el trato privilegiado que reciben los inversionistas extranjeros en los tribunales. Pues la justicia nacional colombiana ya había decidido que no se podía realizar ninguna explotación minera en el páramo de Santurbán debido a las consecuencias ambientales y de acceso al agua potable para la población que podía generar dicha actividad”, explica el informe.
Sin embargo, esta decisión fue ignorada por los tribunales de arbitraje y están en curso otras dos de las compañías canadienses Galway Gold, por US$196 millones, y de Red Eagle, por US$117 millones; por las mismas medidas adoptadas en favor de la protección del páramo.
Según el estudio, los tratados con protección de inversiones generan un sistema de justicia paralela, que permite a los inversionistas saltarse los tribunales nacionales y acudir directamente al sistema privado de arbitraje internacional.
Vale recordar que, en cada una de las demandas, el Estado tiene que pagar los costos del tribunal y de su bufete de abogados, además de los del inversionista en caso de perderlas.
De hecho, en el caso perdido contra Glencore, Colombia fue obligada al reembolso de US$2,2 millones de los costos, llevando el total del laudo a US$21,3 millones.
Con este dinero, se podrían haber financiado las actividades de la Superintendencia de la Economía Solidaria durante año y medio, ya que su presupuesto en 2021 fue de US$15,2 millones.
La compañía suiza Glencore registró tres demandas contra Colombia y las otras dos aún siguen pendientes.
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