Quito. –En una consulta popular que arrancó desde 2013 y pudo llevarse a las urnas este domingo 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos votaron en contra de que el gobierno mantenga la explotación de petróleo en los campos ITT (del Parque Nacional Yasuní), conocido como Bloque 43.
La pérdida para el presupuesto general del Estado se calcula en alrededor de 1.200 millones de dólares por año. Petroecuador sostiene que en 20 años la pérdida sumaría 16.470 millones de dólares, que incluyen 13.800 millones por ingresos petroleros no percibidos; 467 millones por el costo de abandonar el bloque; 1.952 millones por la infraestructura e instalaciones que tendrán que ser retiradas, y 251 millones por compensaciones sociales.
El sí en la consulta popular (dejar de explotar dicho bloque) obtuvo el 59% de los votos, mientras que el no (no parar la explotación) alcanzó el 41%.
El referendo se celebró en el marco de las elecciones presidencial y legislativa. Respecto de la primera, avanzaron a la segunda vuelta, a realizarse el 15 de octubre, la candidata correísta Luisa González (33%) y el joven empresario guayaquileño Daniel Noboa (24%).
El bloque petrolero ITT se encuentra parcialmente dentro del Parque Nacional Yasuní (Amazonía ecuatoriana), una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta y que junto al aledaño Territorio Ancestral Huaorani fue declarado por la Unesco reserva de la biosfera en 1989. Es, además, hogar de los tagaeri y los taromenane, los últimos pueblos en aislamiento voluntario en Ecuador.
Luego de que en 2013 fracasara la Iniciativa Yasuní ITT presentada por el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa, se anunció que dicho bloque sería explotado. Fue entonces cuando se conformó el colectivo ambientalista Yasunidos, que inmediatamente presentó ante la Corte Constitucional una pregunta para que se convocara a una consulta popular y fuera el pueblo ecuatoriano el que decidiera sobre este tema: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
Empantanadas en un proceso que más tarde se reconocería como fraudulento, ni la pregunta ni la consulta fueron aprobadas en ese entonces, por lo que Yasunidos inició una tortuosa batalla legal que tomaría 10 años y atravesaría tres -Gobiernos. En el camino, es decir a partir de 2016, el bloque ITT empezó a ser explotado luego de que entrara en vigencia la declaratoria de interés nacional que el expresidente Correa había solicitado a la Asamblea Nacional en 2013. Tras la proclamación oficial de los resultados de este domingo, las operaciones deberán detenerse y, según manda la ley, la estatal Petroecuador tendrá un año para desmantelar sus instalaciones y abandonar esa zona del Yasuní. No obstante, personeros de esa institución han señalado que el retiro tomaría al menos cinco años ya que allí existen alrededor de 230 pozos en funcionamiento.
“Esto es algo histórico. Ecuador ha dado el primer paso concreto para luchar contra el cambio climático y ha dado un ejemplo mundial”, dice Antonella Calle, vocera de Yasunidos. “Eso es muy importante porque obliga a países de todo el mundo a tomar decisiones reales en este sentido. Por otra parte, esto nos demuestra una vez más que el pueblo ecuatoriano está a favor de la defensa de la vida, de la naturaleza, de los derechos de los pueblos y de los animales”.
Cifras y campañas opuestas
El Gobierno de Guillermo Lasso ha sostenido el argumento de la supuesta pérdida económica en la que incurriría el Estado al dejar de explotar el bloque ITT: 1200 millones de dólares anuales, considerando que, según sus cifras, ese fue el ingreso logrado en 2022.
Carlos Larrea, economista y miembro de Yasunidos, ha señalado que dicho cálculo es impreciso ya que es el resultado de multiplicar 55.000 barriles de petróleo que el bloque ITT supuestamente produce por día (cerca del 12% de la producción total del país), 60 dólares por barril y 365 días del año. Así se logran 1.200 millones, pero de exportaciones, no de ingresos para el Estado. Larrea sostiene que el precio de 60 dólares por barril es irreal, ya que desde 2016, cuando se empezó a explotar dicho bloque, el precio ha sido de 51. Por otra parte, en el cálculo no se considera el costo de extracción, que es de 35 dólares por barril, y el hecho de que se trata de un crudo que contiene demasiada agua (11 barriles de agua por cada barril de petróleo), lo que reduce su calidad y dificulta su extracción. El mismo ministro de energía, Fernando Santos, había dicho respecto a ese petróleo que “fue una desilución”, que es una “brea pesadísima” y que la enorme cantidad de agua que contiene “encuentra una salida a la superficie y ahoga el pozo”.
Como contraparte a las eventuales pérdidas que ha señalado el Gobierno de Lasso, Yasunidos ha mencionado algunas alternativas, entre ellas eliminar las exoneraciones tributarias que el Estado concede a los grupos más ricos del país. Según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2021 Ecuador dejó de percibir 6.338 millones de dólares por esa causa, lo que solo en un año es un 30% más de lo que recibiría por explotar el bloque ITT durante 33 años.
Mientras la estrategia del Gobierno fue replicar las cifras de las supuestas pérdidas a través de varios personeros y con los principales medios de información a su disposición, la campaña por el sí se concentró en la reflexión sobre la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad, el territorio de plantas, animales y pueblos amazónicos, con énfasis en que no se trata de un patrimonio solo de Ecuador, sino del mundo.
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/08/21/
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