Por Héctor Mario Rodríguez
Bogotá.- Parece un club de amigos, una especie de logia, una sociedad del mutuo elogio, que en cada país se llena de condecoraciones, diplomas, premios para atraer a diplomáticos, empresarios y funcionarios de gobiernos: se trata de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas, con sede en Brasil.
En Colombia funciona como Fundación Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y Las Americas, con la sigla llamativa de “Mercosur Colombia” y despacha en Bucaramanga, en la Universidad de Santander (Udes), Fue registrada el 13 de abril de 2023 y se dedica, según su objeto social, a la organización de convenciones y eventos comerciales y a actividades de consultoría de gestión. Su representante legal es William Vargas Valencia.
Centrada en el Cono Sur, se presenta como un club de exportadores, asegura tener 3.500 empresas afiliadas, y dice contar con un Tribunal Arbitral para la resolución de disputas comerciales, civiles y laborales “de manera ágil y eficiente”. Y su nombre apareció en las audiencias que terminaron este lunes con la decisión de liquidar judicialmente a la red de restaurantes “Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S.”.
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El director general de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y Américas en Colombia, Octavio Vélez, asegura, se reunió en Bogotá con los empresarios de Ecopetrol, Pdvsa y Chevron para discutir temas relacionados con alianzas energéticas entre los países.
Desde mayo pasado presentó dos opciones como fórmulas salvadoras – un fondo suizo y otro colombiano – de la empresa del conocido humorista Pedro Antonio González, y de su esposa. El 28 de enero del 2020 la red de restaurantes se acogió al mecanismo de reorganización de la Ley 1116 de 2006, ante la Superintendencia de Sociedades, para protegerse de acreedores de, entonces, $14.541 millones, hoy más de 26 mil millones de pesos.
Durante estos tres meses la confidencialidad de la transacción con la Cámara Mercosur logró dilatar decisiones de fondo del regulador corporativo en medio de las crecientes denuncias de los acreedores de millonarias deudas impagas de seguridad social, arrendamientos, proveedores del menú diario, entidades tributarias locales y nacionales, y la familia de un trabajador fallecido en sus labores.
El pasado 22 de julio, la jurista Claudia Ortega, apoderada de los fondos de pensiones Sura, Colfondos, Protección y Porvenir, lo había predicho: “claramente “Don Jediondo” no es una sociedad viable para darle hasta agosto un nuevo plazo. Hemos perdido mucho tiempo en las audiencias de incumplimiento” (que venían desde marzo de 2024).
Y hoy lunes a la abogada no le quedó más que presentar un informe de aumento de las deudas desde que se logró el acuerdo de pago con los acreedores: $11.2 millones con Sura; $14 millones con Colfondos; $240 millones con Porvenir, mientras que a Protección le adeuda $79 millones, porque sigue sin hacer los aportes a los 226 trabajadores. De otro lado, a Colpensiones, la deuda se incrementó en $73 millones en capital (la real y la presunta).
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Más desalentadora fue la intervención de Gina Paola Cipamochoa Martin, comisionada de la Dian para el proceso, quien reveló que hace un mes para la sociedad debía $41 millones de retención para el periodo cinco y la nueva obligación para el periodo seis es de $93 millones, en total $134 millones que se mantienen en incumplimiento.
Pero por el impuesto de consumo al 25 de agosto los impagos suman los 7.729 millones de pesos, y “es evidente absolutamente que la deuda se incrementa” y en septiembre tiene que pagar su compromiso con la Dian, cosa que tampoco iba a hacer. Se le recordó que “no puede seguir causando obligaciones”. Ya le habían advertido: ”recuerden que el impuesto al consumo se origina en cada plato de comida que se vende…”, y debe remitirlo a las arcas del Estado so pena de sanciones más graves.
Luego la abogada de la Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió sobre incumplimientos por 198 millones de pesos en capital, intereses y sanciones, mientras no aparecían en la audiencia ni la representante legal de “Don Jediondo” María Eugenia Díaz Pasuy, ni el apoderado de la empresa, Camilo Carrizosa Franky.
El turno correspondió a la Sociedad Agropecuaria JAR que adujo que había $49.9 millones en facturas no canceladas desde diciembre por la venta de productos cárnicos. Ante los impagos suspendió la proveeduría. Mientras tanto, el 18 de agosto se venció el pago de $50 millones, tras el fallo judicial por la muerte del trabajador de Jhonatan David Velásquez Cortés. Tampoco se hizo.
Y después se quejaron Procomercio S.A. por $17 millones en cánones de arrendamiento y cuotas de administración del local 404 en el Centro Comercial San Martín y hasta por los recibos de consumo de energía. La Alcaldía de Floridablanca reclamó impuestos locales por $40.4 millones más intereses por $16 millones y el Banco de Occidente por $42 millones adeudados por dos contratos de leasing. Incumplidos todos.
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Octavio Vélez y Miguel Luján Paletta
LAS DOS TABLAS DE SALVACIÓN
Por fin aparecieron en la audiencia el representante legal y el abogado. En onces trataron de apaciguar los ánimos con dos soluciones: la ya anunciada venta del local de “Don jediondo” en el Centro Comercial Santafé, por $1.300 millones, y la “casi” promesa de compra realizada por un fondo que prometía una millonaria inversión.
Sobre el bien “vendido” se alegó había sido imposible realizar la transacción porque no se habían levantado las medidas cautelares de embargo y que se trataba de un dinero que daba liquidez para solucionar gran parte de las deudas “colgadas”, lo que obviamente no era cierto, por las magnitudes dibujadas.
Y sobre el fondo, “misterioso”, presentado por la “curiosa” Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas, tampoco se resolvió el misterio. Al principio se habló de al menos dos propuestas de inversión, como reveló Primera Página en mayo. Ya salido de paciencia, el director de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución de la SuperSociedades, Óscar Alfredo Gómez Mendoza, decidió dictar la sentencia;
En esencia, dijo, se trata de una expectativa para la que se piden 16 meses de plazo. Faltan por cerrar la negociación, la transferencia de acciones y cuatro meses para culminar el negocio del que “ni hubo siquiera promesa de compraventa…En general no existe una fórmula – las deudas siguen sumando, siguen creciendo, sin que exista una alternativa de solución real”, concluyó.
Insistió en la precaria situación de pagos de la sociedad, tampoco se remitieron los estados financieros del segundo trimestre exigidos, ni los informes de pagos de administración al primero, ocho, 15 y 22 agosto prometidos.
Insistió en no vulnerar la confidencialidad sobre el acuerdo de inversión del “fondo”, que destacó como la única alternativa viable, que según se informó por la compañía se encontraba en importante porcentaje de avance (90% según la mayor accionista). El juez del concurso explicó que no se han suscrito documentos de cierre del acuerdo y que no había certeza sobre los desembolsas para pagar.
“La sociedad, a pesar de todos esos esfuerzos no ha podido lograr el punto equilibrio para sufragar sus gastos…enfrenta una maltrecha situación de viabilidad para la ejecución del acuerdo … En ese orden de ideas, dijo, uno de los principios del proceso de reorganización es la protección de crédito y la empresa como generadora de empleo. Pero también debe ser económicamente viable y la sociedad no tiene el punto de equilibrio para atender el pasivo”.
En ese orden de ideas, al no tener una posibilidad clara para dejar los incumplimientos, declaró la terminación del proceso de reorganización y decretó la liquidación judicial inmediata de “Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S”, que contaba con activos al iniciarlo por$25.601 millones. Designará un liquidador, cesó en funciones a todos los administradores o ordenó custodiar todos los bienes de la concursada para protegerlos.
LA CÁMARA MERCOSUR TRAS LA REGALÍAS
Poco o nada se dijo durante estos tres últimos meses sobre de dónde apareció en este tema la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y Las Américas, En junio 15 de 2023 fue presentada en una pomposa ceremonia en la Universidad de Santander (Udes), liderada por el rector Fernando Vargas Mendoza, quien sonó como sustituto de la ministra de Minas, Irene Vélez. La sede de la Cámara en Colombia, el campus principal de la Udes.
Fernando Vargas y
En esa ocasión se realizó “una presentación sobre la actividad económica y bancaria a través de esta organización”. También se presentó una lista preliminar de empresarios de la región, en la cual se analizaron proyectos de inversión, como el tren binacional que se planea construir entre Colombia y Venezuela, y la construcción de corredores viales en Magdalena Medio.
“Para la inversión privada, se podrían destinar 1.200 millones de dólares, y para la inversión pública en América Latina hay un fondo de un billón de dólares, en el cual Colombia puede participar siempre y cuando sea a través del Fondo Nacional de Regalías, que debe ser administrado por una entidad territorial”, dijo Gabriel Cáceres, director nacional de la Cámara del Mercosur en Colombia.
Y en junio pasado la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas, y el alcalde Alejandro Char firmnaron “una alianza estratégica que permitiría -durante los próximos cinco años- sumar esfuerzos para la gestión de proyectos estratégicos de corte social, medioambiental, deportivos, ecoturísticos, saneamiento, salud y de energías limpias incluidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027”.
“Me sorprende, además, el juicio, el detalle de que conocen al pie de la letra el Plan de Desarrollo de Barranquilla y les ha interesado muchísimo poder hacer frente común con nuestra ciudad y echar para adelante tantos proyectos que son de mucho beneficio social”, dijo entonces Alejandro Char.
El nombre de la Cámara ha aparecido en dos denuncias, una en Ecuador y otra en Puerto Rico, por presuntos casos de estafa. En uno fue denunciado Félix Mostelac, representante en Miami de Miguel Lujan Paletta, presidente de la Cámara de Comercio de Mercosur y Américas. Cobró cientos de miles de dólares a empresarios – en República Dominicana, Estados Unidos y Panamá, y fue sindicado por alegaciones de fraude, abuso de autoridad e irregularidades en el cobro de membresía.
Mostelac terminó luego acusado ante la justicia estadounidense de cometer fraude electrónico, mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas, al hace solicitudes de préstamos residenciales al prestamista, Washington Mutual, para obtener fraudulentamente hipotecas sobre diversas propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade en el estado de Florida, y desviar parte de los fondos del préstamo para su propio uso.
Y en Ecuador pasó algo similar con otro “diplomátrico” de la Cámara Mercosur, un Dr. Reyes que estafó a empresarios….
Hoy, hace un año, en el Club Militar de Bogotá se realizó un encuentro “con carácter privado”, “dirigido exclusivamente a personalidades del Gobierno, como representantes del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte, Ecopetrol, alcaldías, gobernaciones, transportadores privados, comercializadores y productores de energía”, en el que contó con el director general de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur en Colombia, Octavio Vélez, presentó autogeneradores que funcionan con hidrógeno verde.
“Uno de los aspectos más destacados del evento fue la reiteración de que la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur, liderada por el Dr. Miguel Luján Paletta, es el distribuidor oficial de esta tecnología en los países miembros y aliados. Este punto fue mencionado en varias ocasiones durante las intervenciones del evento”, aseguró.