Cartagena de Indias.- Cementos Argos, Ecopetrol, Reficar y Aguas de Cartagena, junto con organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, la Anla, Cardique, el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, fueron condenados por afectaciones ambientales que ocasionaron daños a la salud, de seisa mil habitantes de la vereda Membrillal, en Cartagena.
La revelación fue hecha por Cementos Argos S.A. uqe informó al mercado que fue notificada de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, en el marco de una Acción de Grupo interpuesta por pobladores de la vereda Membrillal contra la cementera y otras 14 entidades públicas y privadas.
El fundamento jurídico de la sentencia establece una falla en el servicio asociada a la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) durante más de dos décadas, el incumplimiento de normas de emisión de gases, ruido y material particulado por parte de la industria de Mamonal, y la falta de cobertura en agua potable y saneamiento básico.
En materia de compensaciones económicas, la decisión fija indemnizaciones para más de 6.000 habitantes – incluidos integrantes del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem) – equivalentes a 80 salarios mínimos por perjuicios morales y 60 salarios mínimos por daños a la salud, dado que los peritajes acreditaron patologías respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales en el 75 % de la población.
Adicionalmente, el dictamen reconoce reparación por perjuicios materiales a 950 propietarios y poseedores de predios conforme a avalúos técnicos, ordena la evacuación y delimitación de la zona por riesgo de volcanismo de lodo no mitigable, y fija las pautas para la reubicación de la comunidad.
Argos apelará la condena indemnizatoria
Frente a la decisión de la célula judicial, Cementos Argos expresó su rechazo a la providencia e indicó que interpondrá el recurso de apelación correspondiente ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.
La entidad sustentará el recurso bajo argumentos técnicos, ambientales y legales que defienden el cumplimiento de la normatividad vigente y los permisos ambientales de sus operaciones en la zona.
Con la presentación de dicho recurso de alzada, la condena económica no se hace exigible legalmente hasta tanto no exista una sentencia definitiva en segunda instancia por parte del tribunal departamental.