Bogotá.- El juez de insolvencia en Colombia (la Superintendencia de Sociedades) decidió este jueves rechazar la nulidad solicitada por la más grande banca de inversiones australiana, Macquarie, para que se otorgue un préstamo para capital de trabajo y liquidez a la petrolera Canacol Energy, que se acogió a un proceso de protección de sus acreedores.
Macquaire Bank ha presentado su radical oposición a un financiamiento deudor en posesión (“Financiamiento DIP”), compuesto por un préstamo a plazo de nuevos recursos, con desembolso diferido, por US $45 millones con capacidad para obtener compromisos adicionales para emitir hasta US$22 millones en cartas de crédito para renovar y/o reemplazar ciertas cartas de crédito existentes.
El banco de inversión, con sede principal en Sydney, cuenta con más de 17.000 empleados en 33 mercados y es el más grande gestor de activos de infraestructura del mundo con más de 871 mil millones de dólares australianos en activos bajo gestión. Por ejemplo, es también acreedor de NG Energy del italiano Serafino Iacono.
En esencia alega que el proceso de solicitud del préstamo DIP fue excesivamente apresurado y defectuoso, y que es contrario a la legislación colombiana. Asegura que la aprobación por parte del Tribunal de Alberta sentaría un precedente “negativo y de gran alcance con implicaciones para la cortesía internacional”.
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Pero en el fondo, la principal amenaza que desnuda Macquaire es si hay protección razonable a su acreencia y que se daría prelación al financiamiento DIP. Su posición de tener “prelación garantizada” sobre todos los activos clave de los deudores ubicados en Colombia fue un factor crucial en la decisión de Macquarie de otorgar el Préstamo a Plazo. Sin embargo Canacol y otros acreedores que los activos n(especialmente las reservas petroleras) cubren adecuadamente la acreencia.
La aprobación del DIP generaría incertidumbre en los procedimientos de la Ley de Acuerdos con los Acreedores de las Empresas (Ccaa), sostiene el australiano. “La aprobación … perjudicaría a Macquarie como prestamista principal garantizado y existe una mejor opción para ayudar a Canacol en su situación actual”, aseguró en su diatriba jurídica el banco extranjero.
Por eso Macquarie solicitó un aplazamiento de la solicitud para que se pudiera resolver algo diferente (la audiencia fue fijada para hoy), y también para garantizar la equidad procesal pues lanzó diversas preguntas fácticas. En esencia se opone al préstamo DIP. Macquarie es el acreedor garantizado principal de los deudores en virtud de un préstamo a plazo garantizado por un monto máximo de US$75.000.000. Actualmente, se adeudan a Macquarie aproximadamente 37,5 millones de dólares con una garantía de primer rango sobre los activos de los deudores en Colombia.
La solicitud de aprobación del préstamo DIP fue apoyada por el comité ad hoc de tenedores de bonos senior, el prestamista DIP propuesto, así como por la Junta Directiva de Canacol y el prestamista RFC. El comité ad hoc representa al 75% de los tenedores de bonos senior no garantizados que, en conjunto, poseen US$300 millones en deuda no garantizada, mientras que el otro acreedor es un prestamista sindicado con US$200 millones en deuda no garantizada.
LA RESPUESTA A MACQUAIRE
Santiago Londoño Correa, superintendente delegado de Procedimientos de Insolvencia, ya había negado, el pasado 30 de enero, la objeción presentada por Macquaire a la objeción de del reconocimiento de la Corte de Alberta y del monitor al Financiamiento DIP Autorizado.
El juez del concurso en Colombia, rechazó hace instantes el recurso de reposición de Macquaire que aseguró que en la decisión del 30 de enero ninguna de las causales de nulidad fue saneada y que la Superintendencia de Sociedades carece de competencia para autorizar tal financiación.
Reiteró Londoño Correa que Macquaire debió haber alegado la falta de competencia el 30 de enero y adujo posteriormente su alegato, y que además el banco australiano confunde lo de la falta de competencia con la autorización o no de la financiación DIP.
Citó textualmente su decisión del 30 de enero en la que nunca declaró su falta de competencia, pues la financiación por “la Corte del Rey de Alberte ya le fue autorizada … y el juez extranjero dio aplicación de sus normas bajo su autorización”.. y que lo que hizo la superintendencia fue un “reconocimiento o no de dicha providencia NO su autorización o aclaración de autoridades extranjeras…”…la financiación DIP fue resuelta y autorizada por el juez extranjero”, dijo al rechazar definitivamente la nulidad de la decisión de hace más de un mes.
María del Rosario Gómez, abogada apoderada de Canacol, advirtió durante la audiencia que Macquaire presenta solicitudes dilatorias improcedentes ha mantenido la posición que “Macquarie busca obstaculizar el proceso con la esperanza de que le paguen y rápidamente”
Por su parte, Guillermo León Ramírez Gómez, del abogado comité acreedor de bonos senior que representa al 47% de los acreedores, alegó, por su parte, que si existe competencia de la Superintendencia de Sociedades para resolver y que la competencia es asignada por la Ley y que en el fondo lo que se busca confundir al despacho.
Nicolás Tirado, representante Kpmg Inc. como monitor y representante extranjero reconocido del procedimiento principal conforme a la Ley de Acuerdos con los Acreedores – explicó que se trata de órdenes proferida por el juez de Canadá sobre la financiación DIP, que hay cosa juzgada el 30 de enero, y que no es admisible poner a discusión lo ya decidido – y pidió al juez que se ratifique el trámite de reconocimiento de una decisión de un juez extranjero para evitar demoras innecesarias
Juan Sebastián Lombana Sierra, apoderado de Macquaire, ahondó en sus alegatos de la falta de competencia de la Superintendencia para decidir sobre autorizaciones del monitor sobre la financiación DIP y que una decisión de tal calado sólo podía darse por un exequator de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Macquarie envió una carta el 12 de diciembre de 2025 a los deudores y al monitor, en la que declaraba, entre otras cosas, que los deudores y el monitor declararon ante el Tribunal canadiense, en sus presentaciones y alegatos orales, que nada en los procedimientos de la Ccaa ni en la reparación solicitada por los deudores al tribunal canadiense pretendía afectar la jurisdicción de la Superintendencia ni de ningún procedimiento en Colombia, y que Macquarie esperaba que los deudores y el monitor respetaran la orden colombiana y no tomaran ninguna medida contraria a ella.
Sostiene, entre otras cosas, que los principales activos y operaciones de los deudores se encuentran en Colombia, y el abogado colombiano de Macquarie también argumenta que el centro de los principales intereses de los deudores se encuentra en Colombia. Pese a sus reiteradas oposiciones no le fue reconocida ninguna nulidad o aclaración.
LA URGENCIA DE LA FINANCIACIÓN DIP:
En el proceso se sustentó la urgencia, conveniencia y necesidad de la operación teniendo en cuenta que:
1.- Las proyecciones de flujo de caja de las Deudoras indican que la liquidez de sus recursos se agotará aproximadamente el 10 de enero de 2026, con lo cual, a partir de dicho momento, no tendrían recursos para continuar con la operación.
2.- La Financiación DIP es el único recurso para asegurar la continuidad del negocio de las Deudoras y evitar el colapso operacional;
3.- Sin los recursos asociados a la Financiación DIP, las deudoras no se podrían renovar las cartas de crédito que respaldan los contratos de exploración y producción celebrados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo cual, conllevaría a incumplimientos contractuales por parte de la deudora.
4.- Las deudoras son actores principales del sector de hidrocarburos en Colombia, por lo cual existe una potencial posibilidad de afectar el suministro de gas y energía en Colombia – el 15% de la oferta de gas natural nacional y más del 40% en el mercado del Caribe-.