Por Héctor Mario Rodríguez
Bogotá .- En una decisión que advierte que debe privilegiarse la continuidad de Canacol Energy, como mecanismo de protección de los intereses de todos los acreedores, la Superintendencia de Sociedades acaba de decidir que se debe constituir una garantía con prioridad (en segundo orden), sobre los bienes en Colombia de la petrolera, para respaldar el crédito de financiación DIP por 67 millones que está siendo concedido por los acreedores para mantener con vida a Canacol.
El juez del concurso en Colombia, el superintendente delegado de Procedimientos de Insolvencia, Santiago Londoño Correa, acaba de adoptar las siguientes decisiones:
1.- Se autorizará la constitución de una garantía de primer orden para los financiadores DIP
2. Determinó reconocer las órdenes emitidas por el Tribunal del Rey de Alberta el 11 de diciembre de sobre la financiación DIP por 67 millones de dólares.
3.- La garantía de primer orden para los financiadores DIP sobre los activos de Canacol y sus filiales en Colombia
4.- Ordenó a Macquaire Bank y Credicorp Fiduciaria inscribir y modificar los folios de garantía inmobiliaria.
5.- Esa modificación de la garantía es de segundo orden y Macquaire y Credicorp Fiduciaria disponen de cinco días para realizarla.
6.- Allegar las modificaciones respectivas al despacho del superintendente delegado.
EL “ACREEDOR INCONFORME”, MACQUAIRE: INSISTIÓ
Como lo ha venido haciendo desde diciembre pasado, el australiano Macquaire Bank, ahora conocido en el proceso como el “acreedor inconforme” se opuso larga y profundamente a que se les otorgara prelación sobre la garantía suya a los otorgantes de la financiación DIP. Al final se aplicó la excepción de orden público consagrada en la Ley 1116 de 2006.
Canacol adeuda al Macquaire, el “acreedor inconforme”, 37,5 millones de dólares de un crédito que cuenta con una garantía de primer rango (deuda inicial de US$75 millones) sobre sobre todos los activos operativos de Canacol en Colombia (todos los derechos contractuales y económicos de los contratos de exploración y producción, las cuentas bancarias, los activos y las acciones en las sociedades colombianas; es decir, sobre todos los bienes, derechos y activos de Canacol en Colombia).
Como la petrolera se acogió al proceso de insolvencia – protección de los acreedores – en noviembre de 2025, y dado que no cuenta con la liquidez operativa suficiente, buscó y logró de los acreedores un financiamiento debtor-in-possession (el “Financiamiento DIP”) por 67 millones de dólares – en tres etapas – que “constituye la única alternativa real y jurídicamente viable para garantizar su continuidad y preservar el valor de la empresa en marcha”, dicen los abogados de la compañía.
Los hoy Financiadores DIP también son acreedores del proceso que se adelanta bajo las reglas de la Ley de Insolvencia en Canadá y han decidido apoyar a Canacol, confiando en que la crisis de liquidez podrá superarse con la inyección de recursos frescos.
Con esta convicción y ante la situación crítica de Canacol, los financiadores DIP y Canacol han insistido en que la viabilidad depende del otorgamiento de una garantía sobre los activos de Canacol e insistieron en que la garantía en favor del “acreedor inconforme” debe pasar a un segundo nivel de prelación.
En el corto plazo, Canacol Energy requiere una inyección de liquidez significativa y ya logró 15.5 millones de la suma citada; o de lo contrario, alega que la caja se reducirá a un nivel que hará inviable su operación y el apoderado de los bonistas advirtió que el 14 de febrero – de no recibir más dinero “puente” – la situación la haría inviable.
Pero para liberar esos recursos hacia Canacol, los acreedores exigían una superprioridad o una sobrecolaterización si se considera que, como lo manifiesta el monitor Kpmg, sólo las reservas actuales de gas de Canacol tienen un valor que supera los US$1.000 millones, esto sin considerar los demás activos y reservas (en total 1.892 millones de dólares).
En otras palabras, la insolvencia de Canacol deriva de un problema de liquidez, no de suficiencia de sus activos para cubrir sus pasivos, según se alegó en una audiencia de dos días que acaba de terminar. El apoderado de Promigas, Nicolás Polanía Tello, resaltó y apoyó la decisión de la Superintendencia de Sociedades.
Juan Sebastián Lombana Sierra, apoderado de Macquaire.
Macquaire Bank denunció reiteradamente que la situación de Canacol es gravísima y que ha gastado más de 600 millones de dólares en los últimos años y lo único que ha hecho es disminuir sus reservas, y que de otorgársele a los financiadores DIP una garantía, se estaría adoptando una expropiación y toda una desatención de la Ley de Garantías inmobiliarias colombiana. También alegó que el juez del concurso no tiene competencia funcional para desconocer normas de la Ley de Garantías Inmobiliarias.
Con los recursos por US$67 millones, en tres etapas, Canacol pretende pagar gastos operacionales del giro del negocio so pena de una crisis de liquidez efectiva. La abogada de los acreedores, María del Rosario Gómez – complementó que se requiere la financiación DIP para realizar la inversión en pozos y mantener 37 empleos directos, de Canacol, 7.000 puestos de trabajo generados y más de 33 mil millones en inversión social en las regiones en donde opera.
María del Rosario Gómez
Kpmg, en su calidad de monitor, auxiliar de la justicia designado por la Corte de Alberta advirtió: “[Canacol] tiene una necesidad crítica e inmediata de financiación provisional, sin la cual, basado en la Proyección Actualizada de Flujo de Caja, [Canacol] no podrá mantener sus operaciones de producción de petróleo y gas en Colombia ni avanzar en el proceso de reestructuración durante el Periodo de Proyección”.
En esencia, se concluyó en la audiencia de dos días – que culminará el próximo lunes nueve de enero para resolver el recursos de reposición de Macquaire – , que si bien hay una afectación a la garantía de Macquarie, la misma no enreda sus posibilidades de pago pues hay suficiente valor en esta para soportar ambos créditos.
La diferencia fundamental es que los recursos del DIP son nuevos y en consecuencia pueden ser utilizados para dar un giro a la situación de la compañía, mientras que los Macquarie ya fueron utilizados, se aclaró en varios episodios de los alegatos judiciales.
Macquaire, que obviamente interpuso recursos de reposición sobre la decisión de la SuperSociedades, fue acusado de no haber respaldado sino entorpecido y de estar buscando demorar el trámite del reconocimiento del proceso extranjero con el fin de obtener una ventaja frente a los demás acreedores.
Pero el banco australiano ahondó su oposición advirtiendo que la modificación de la garantía debe provenir de su beneficiario, insistió en la gravedad que significa desplazar a un acreedor garantizado y que el financiador corre un riesgo inusual, “al prestarle a un deudor en problemas”
La Corte del Rey de Alberta advirtió en diciembre:
“Sin importar la medida de valuación que se use, Canacol tiene suficientes activos para satisfacer todos los gravámenes preferentes y el crédito de Macquarie y, dependiendo del escenario de valuación que se acepte, incluso podría satisfacer todos o algunos de los créditos no asegurados actuales (…).
Además, el que Macquarie asuma una posición subordinada al gravamen preferente es el resultado de que el Financiador DIP aceptó tomar el riesgo de suministrar recursos nuevos y adicionales a una empresa en crisis. Como ya he dicho, ese riesgo se toma con el expreso propósito de promover los objetivos de política pública del Ccaa y el precio de ese riesgo, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Canadá, es el otorgamiento del gravamen preferente.
(…). Que Macquarie no haga nada adicional para promover los esfuerzos de reorganización de Canacol significa que puede y debe ocupar la segunda posición en el procedimiento del Ccaa (Ley de Acuerdos con los Acreedores de las Empresas)”, concluyó.
Y eso fue lo que hoy decidió la Superintendencia de Sociedades, a falta de resolverse el recurso de reposición de Macquaire: Canacol Energy dos – Macquaire Bank cero.
Acerca de Canacol Energy Ltd.
Canacol Energy es un grupo empresarial, cuya matriz es canadiense y cotiza en bolsa en ese mercado y en Colombia, con operaciones y subsidiarias en múltiples jurisdicciones, incluidas Canadá, Estados Unidos y Colombia. Sus principales acreedores también se encuentran fuera de Colombia -incluidos los Acreedores Inconformes-.
Se acogió a un proceso de insolvencia principal adelantado en Canadá por Canacol Energy Ltd., y sus subsidiarias: Alberta Ltd., Canacol Energy ULC, Alberta ULC, Cantana Energy GMBH, CNE Oil & Gas, S.R.L., Shona Holding GMBH, Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Energy S.A.S., y CNE Oil & Gas S.A.S.
En noviembre de 2025, Canacol Energy inició procedimientos de reestructuración ante la Court of Kings’s Bench of Alberta bajo el Companies’ Creditors Arrangement Act (“Ccaa”) de Canadá y solicitó el reconocimiento bajo el Capítulo 15 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Canacol Energy solicitó el reconocimiento en Colombia del procedimiento extranjero conforme al Título III de la Ley 1116, con el fin de acceder a la protección propia de dicho mecanismo, que incluye, entre otras medidas, la suspensión de embargos, ejecuciones y demás acciones de acreedores contra sus activos y negocios en el país.