Bogotá.- A pocas horas de dejar su cargo, pues los funcionarios de su tipo presentan renuncia protocolaria ante la asunción de un nuevo Gobierno, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Bernardo Barreto González, aceptó garantías y decidió así terminar, antes de lo previsto, que suele de ser de unos tres años, la investigación, que les adelantaba a varios equipos de fútbol profesional, por presuntas restricciones a la competencia.
Dichas garantías consisten en medidas relacionadas con las conductas investigadas, que deben adoptar el organismo rector del fútbol rentado (Dimayor) y los equipos para que las acciones imputadas en el pliego de cargos cesen, se modifiquen y no se repitan; así como los efectos negativos se eliminen y se generen cambios sustanciales positivos en el mercado.
En particular, una garantía es una póliza de seguros, aval bancario y otras formas de caución que las empresas intervinientes otorgan a favor del organismo de control.
No obstante, el monto asegurado, garantizado o caucionado dependerá de lo señalado para cada caso por SuperIndustria.
Y cubren conductas que se comprometen a cumplir las personas jurídicas y naturales obligadas.
Es un reconocimiento de que si se presentaron faltas de restricciones a la competencia no lo volverán a hacer.
La aceptación de garantías también evita a los investigados , si resultan responsables, de multas individuales que para el caso de una persona jurídica puede ser hasta de $100.000 millones y una natural de $2.000 millones, por restricciones a la competencia.
Acción de los jugadores
Cabe recordar que el lío se inició en 2021 tras una queja presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) por vetos, entre 2018 y noviembre del 2021, para presuntamente impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores.
Los equipos investigados eran Talentos Dorado; Cúcuta Deportivo; Boyacá Chico; Unión Magdalena; Deportivo Pasto; Envigado FC; Tigres FC; Deportes Tolima; Once Caldas; Deportes Quindío; La Equidad; Atlético FC; Fortaleza FC; Leones; Real Santander; y Alianza Petrolera.
Además, la SuperIntendencia había formulado pliego de cargos contra veinte (20) personas naturales vinculadas con los equipos investigados.
De acuerdo con la resolución 76922 del 2021 expedida por la SIC, diez de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores, entre el 2018 y noviembre del 2021.
Asimismo, la SIC identificó comunicaciones emitidas por algunos clubes, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados, con los que se restringe la negociación de los derechos deportivos; en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo por la adquisición de tales derechos.
Desde agosto del 2020, el presidente de la Dimayor, Luis Fernando Jaramillo Giraldo, promueve un código de ‘fair play financiero’ entre los afiliados.
Se trata de estandarizar los reportes financieros para la Dimayor y los entes de control.
En este proceso se va a realizar el punto de equilibrio de los clubes y promueve equidad en los presupuestos.
El objetivo del Fair Play Financiero también es que los clubes puedan cumplir con sus obligaciones, especialmente el pago de los salarios de los jugadores, reducir la deudas y buscar un equilibrio entre todos.
También habrá una regulación en la compra y el préstamo de jugadores.
También a Bavaria
Barreto González igualmente aceptó garantías a Bavaria, empresa de AB InBev, multinacional con sede principal en Lovaina, Bélgica, y en la que tienen participación accionaria miembros de la familia Santo Domingo.
La investigación administrativa de la SuperIndustria, buscaba establecer si dicha firma adelantó prácticas comerciales restrictivas de la competencia, o actividades ‘antitrust’.
Específicamente, la actuación de la Súper tenía que comprobar si la cervecera colombiana desde que su control pasó de SABMiller a AB InBev aumentó de manera exponencial la celebración de acuerdos de exclusividad con las tiendas y minimercados de barrio, para que éstas sólo vendieran productos de Bavaria y así impedir tener competencia.
La apertura de la investigación de la SIC fue como respuesta a una denuncia que presentó hace cerca de cuatro años Central Cervecera de Colombia (CCC), de la Organización Ardila y la chilena CCU.
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