Bogotá. – En la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, que se empezará a discutir en el Congreso de la República este martes, se le dio visto el bueno a la resurrección del artículo que le da facultades extraordinarias al presidente para crear un holding del sector eléctrico.
Como se recuerda, este punto se incluyó en un borrador del PND que circuló días antes de su radicación en el Legislativo. No obstante, cuando se presentó oficialmente el articulado, este tema no fue incluido en las cerca de 14 facultades extraordinarias que pedía el primer mandatario.
Sin embargo, en la ponencia para primer debate de este proyecto de Ley, radicada el domingo en horas de la tarde, volvió a aparecer este artículo dentro de las 58 novedades que trae el texto.
El artículo, en concreto, dice lo siguiente:
Se reviste al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para crear el Grupo empresarial del sector eléctrico integrado por las siguientes empresas en las cuales la Nación tiene participación mayoritaria:
Centrales Eléctricas Del Cauca S.A. E.S.P. -Cedelca;
Centrales Eléctricas De Nariño S.A. E.S.P -Cedenar;
Electrificadora Del Caquetá S.A. E.S.P. -ElectroCaquetá;
Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P. -ElectroHuila;
Electrificadora Del Meta S.A. E.S.P. -Emsa;
Empresa De Energía Del Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina -Eedas;
Empresa Distribuidora Del Pacifico S.A. E.S.P.-Dispa;
Empresa Multipropósito Urrá -Urrá;
Generadora y Comercializadora De Energía Del Caribe S.A. -Gecelca;
Gestión Energética S.A. E.S.P. -Gensa.
En ejercicio de estás facultades el presidente de la República podrá crear, fusionar, modificar, escindir, suprimir las empresas existentes, así como capitalizar y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación.
Los aportes de capital que la Nación realice en el marco de la consolidación del sector eléctrico podrán realizarse al valor intrínseco de la participación accionaria.
Las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República serán ejercidas con el objeto de impulsar, promover, fortalecer y/o acelerar la transición energética justa, mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica y generar eficiencia en la gestión de las entidades y de empresas del sector.
La Nación tiene participación accionaria mayoritaria en diez empresas que ejercen las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con el fin de mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica, acelerar la transición energética justa y materializar la democratización energética, así como generar eficiencia en la gestión de las empresas, se requiere de facultades extraordinarias al presidente de la República para integrar estas empresas del sector eléctrico, tales como, generadoras, distribuidoras y comercializadoras de electricidad; y definir las condiciones de aporte de capital de la Nación en las sociedades públicas o privadas o en empresas de servicios públicos, públicas o mixtas, relacionadas con la integración.
Cabe mencionar que la fecha límite para que este documento sea aprobado en Comisiones Económicas y pase a plenarias de Senado y Cámara es el 23 de marzo.
Hay que resaltar que el Plan Plurianual de Inversiones para el periodo 2023-2026 asciende a $1.154,8 billones. Este monto es 5,75% superior al contemplado en el PND de la administración pasada, que era más cercano a los $1.092 billones.
Del monto total para este cuatrienio, cerca de $577,4 billones serán fondeados con el Presupuesto General de la Nación; $268,8 billones con el Sistema General de Participaciones (SGP); $145,8 billones con recursos de los territorios; $106,4 billones con plata de empresas públicas; $47,4 billones con el Sistema General de Regalías (SGR); $9,1 billones con dinero de cooperación.
En cuanto a los usos, $743,7 billones se destinarán al componente de seguridad humana y justicia social; $138,4 billones a la convergencia regional; $114,4 billones a la internacionalización, transformación productiva y acción climática; $46,1 billones al derecho humano a la alimentación; $28,8 billones al ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia social; y $83,4 billones a la estabilidad macroeconómica.
En concreto, el PND se materializa en las siguientes cinco transformaciones:
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua. Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.
2. Seguridad humana y justicia social. Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad.
3. Derecho humano a la alimentación. Busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana.
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos. Con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.
5. Convergencia regional. Es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Así mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.
También habrá tres ejes transitorios:
1. Paz total. Entendida como la apuesta para que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos. Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza.
2. Los actores diferenciales para el cambio. El cambio que propone es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político basadas en el género y la orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión.
3. Estabilidad macroeconómica. Tiene como objetivo definir un conjunto de apuestas en materia económica para garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar las transformaciones, las cuales están enmarcadas en la actual coyuntura económica global, regional y nacional.
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