Bogotá.- Por múltiples desaciertos en la presentación de las acusaciones y de las pruebas por la Fiscalía General de la Nación, el juez quinto penal especializado absolvió hoy a Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. (del Grupo Servientrega) en el sonado caso de los “Panamá Papers”.
Le habían sido imputados los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. El juez incluso denunció que incluso hubo plagio por los peritos de la Fiscalía.
“De las pruebas de la Fiscalía (General de la Nación) múltiples desaciertos frente a la presentación de la evidencia por la falta de preparación y capacitación de sus peritos que lejos de ofrecernos claridad o contundencia frente a lo que se quería demostrar, el efecto fue totalmente contrario: imprecisiones, contradicciones, ambigüedades, incluso, en algunos casos, la defensa técnica, durante el interrogatorio cruzado, pudo demostrar el plagio de algunas de las conclusiones u opiniones”, dijo el juez.
También fueron absueltos el ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. acusado por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.
Igual suerte corrieron Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A. acusada por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.
Y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.
En relación con estos hechos fue citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.
En abril de 2016 la Fiscalía inició una investigación relacionada con los denominados “Panamá Papers”, la cual se refería a presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.
En cooperación de la Dian y las autoridades de Panamá se evaluaron las posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.
La Fiscalía dijo que comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas.
Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.
Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.
Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.
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