Cartagena de Indias.- La historia no es nueva. Por décadas, de cuando en vez – ahora en medio de campaña política -, se reviven las historias sobre los ocupantes de las Islas del Rosario, verdaderos paraísos en el vecindario de Cartagena.
El turno es para la “Isla Fiesta”. En un fallo de tutela el Tribunal Administrativo de Bolívar, con ponencia del magistrado Moisés Rodríguez, revocó el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, que se había negado a devolverle al empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde, el baldío insular “Isla Fiesta”.
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, había declarado a “Isla Fiesta” como baldío insular de la Nación ocupado irregularmente por el empresario caleño Andrés Jorge Lisocki Fryde entre inicios del 2002 y mediados del 2006, como consta en los registros oficiales.
Mediante Resolución 167 del 27 de marzo de 2002, confirmada bajo Resolución 1251 del cuatro de agosto de 2006, se declaró la indebida ocupación de Andrés Jorge Lisocki Fryde, de la inmobiliaria Inversiones Piamonte, en Cali, sobre un lote de terreno por el que pagaba un canon de tan solo $220.430 mensuales para actividades de habitación, recreación y ecoturismo (que arrendaba por más de $23 millones la noche).
El Tribunal Administrativo de Bolívar le amparó a Lisocki Freyde “el derecho fundamental al debido proceso” y le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en un plazo 48 horas luego de que le fuera notificada la decisión judicial, restituirle el baldío insular Isla Fiesta al Lisockii Fryde.
“En respuesta a un proceso de fiscalización hecho por la Contraloría General de la República sobre baldíos con contratos de arrendamientos vencidos en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, la ANT implementó medidas que permitieran superar la ocupación indebida de Isla Fiesta”, explicó la Agencia este martes.
Este baldío, sin embargo, fue arrendado por un período de ocho años (de abril del 2007 a abril del 2015) por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) al empresario Lisocki Fryde. Vencido el contrato de arrendamiento, tenía un plazo de dos meses para entregar el predio, pero no lo hizo. Entre mayo y noviembre del 2015, lo volvió a ocupar de forma irregular.
Andrés Lisocki Freyde
EL ORIGEN DEL CONTRATO
El Incoder decidió suscribir otro contrato de arrendamiento de la misma isla con el empresario Lisocki por otro período de ocho años (de diciembre del 2015 a diciembre del 2023) con un canon de tan solo $220.430 mensuales para actividades de habitación, recreación y ecoturismo.
No obstante, se cumplió el plazo estipulado y LisockI, que tenía dos meses para entregar el predio insular baldío de la Nación, de aproximadamente 600 metros cuadrados, siguió explotándolo sin permiso y sin pagar arriendo. Es decir, nuevamente lo hizo como ocupante irregular.
Ante su negativa de entregar “Isla Fiesta”, la Agencia Nacional de Tierras, con funciones de policía administrativa para proteger la propiedad rural en Colombia y facultada por la normativa nacional, procedió a recuperarla el 27 de enero del 2026, con apoyo de la fuerza pública local.
Cabe aclarar que la actualización del canon de arrendamiento quedó en un monto cercano a los 11 millones de pesos.
La sentencia del 12 de febrero pasado, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, declaró la improcedencia de una primera tutela interpuesta por Lisocki Fryde, recurso con el que pretendía que le fuera devuelto el bien para seguir pagando la irrisoria cifra que no llega a los 300.000 pesos. Actualmente, está en unos $280.000.
Es por ello que interpuso una segunda tutela ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. El magistrado Moisés Rodríguez revocó el fallo de primera instancia, amparándole el derecho fundamental al debido proceso y ordenándole a la ANT, en un plazo 48 horas luego de que le fuera notificada la decisión judicial, restituirle el baldío insular Isla Fiesta al señor Andrés Jorge Lisocki Fryde.
Aun así, la Agencia, amparada también en la normativa colombiana y atendiendo el requerimiento de la Contraloría General de la República sobre los deberes legales orientados a garantizar la adecuada administración, protección y recuperación del patrimonio público, interpuso una acción de tutela en defensa de la correcta administración de los baldíos de la nación.
“Es lamentable subrayar que este tipo de contratos ha favorecido a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos similares a Isla Fiesta, mientras que en Islas del Rosario la estadía de una sola noche puede costar más de un millón de pesos”, dijo la ANT.