Por cobro de equipos wifi sin  el consentimiento de usuarios, Coltel “se expuso” a multa de hasta $26.000 millones en la SuperIndustria

Por cobro de equipos wifi sin  el consentimiento de usuarios, Coltel “se expuso” a multa de hasta $26.000 millones en la SuperIndustria

Bogotá. – La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. (ColTel y Movistar).

Lo anterior, como resultado de  denuncias presentadas por usuarios que manifestaron su inconformidad ante cobros efectuados por equipos repetidores Baseport, realizados sin su consentimiento previo y expreso, conducta que podría vulnerar  el derecho de libre elección de los consumidores. 

En virtud de lo anterior, de acuerdo con la SIC, se inició la etapa de averiguación preliminar y como resultado del análisis de la información aportada por los denunciantes y la recaudada por la entidad, se formuló pliego de cargos para establecer si Movistar vulneró el derecho que tienen los usuarios a elegir en todo momento los equipos utilizados para acceder al servicio; sin que pueda presumirse de su voluntad, teniendo en cuenta que al parecer se les habría estado facturando equipos repetidores de wifi sin contar con el consentimiento expreso de estos, desde agosto del 2020 hasta mayo del 2024. 

Con esa conducta, además, el operador habría infringido el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados, si se tiene en cuenta que habría generado cobros sorpresa, al facturar cargos que no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos. 

También, se formuló como cargo el presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable; al no mantener el contrato único de prestación de servicios fijos actualizado y garantizar el acceso de su contenido a los usuarios.   En el momento en que se comprueben las conductas reprochadas, la SIC podrá imponer multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales ($26.264 millones), por cada infracción al investigado.