Por Diana Nova Ávila
Bogotá.- El proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima en su tramo 3, que comprende el trayecto desde la calle 99 hasta la calle 200, presenta un panorama de retrasos sistemáticos en su fase inicial de preconstrucción y un incremento en los costos operativos derivados de sucesivas prórrogas contractuales.
Aunque el proceso de licitación pública IDU-LP-DG-003-2023 se ajustó a los tiempos de selección, la ejecución de los tres contratos de obra derivados ha experimentado variaciones que impiden el inicio de las intervenciones físicas previstas originalmente.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) formalizó múltiples modificaciones que extienden los plazos de la etapa de preconstrucción, la cual inicialmente se proyectó con una duración de ocho meses para cada uno de los sectores contratados.
En el caso del contrato IDU-1739-2023, que abarca desde la calle 99 hasta la calle 127 e incluye la intersección de esta última, se han suscrito al menos tres prórrogas que han sumado más de once meses al cronograma de preconstrucción.
La primera modificación, fechada el 22 de octubre de 2024, otorgó una extensión de tres meses y veinte días; la segunda, del 21 de marzo de 2025, añadió tres meses y veinticuatro días; y la tercera, el 18 de septiembre de 2025, sumó cinco meses adicionales. Estas demoras se fundamentan en la dificultad para obtener permisos de tipo A y B, así como en afectaciones externas relacionadas con entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Transmilenio y el Plan Parcial El Pedregal.
El Plan Parcial El Pedregal, ubicado en la calle 100, se identifica como una de las causas externas que han impactado el desarrollo normal de la etapa de preconstrucción del primer lote del proyecto. La interacción técnica y normativa con este desarrollo urbanístico privado ha contribuido a la necesidad de reajustar los tiempos de entrega de productos esenciales y la obtención de permisos ambientales y de tráfico.
Esta situación ha generado que el IDU deba asumir la mayor parte de los costos derivados de las prórrogas, llegando a cubrir hasta el 90% de los valores adicionales en algunos eventos contractuales, mientras que el contratista asume el 10% restante bajo el argumento de una imputabilidad compartida o mayoritariamente atribuible a terceros.
Los sobrecostos por estas demoras se reflejan en la remuneración de componentes transversales como labores ambientales, seguridad y salud en el trabajo, diálogo ciudadano y manejo de tráfico, los cuales se activan ante la extensión de los plazos.
Solo en el contrato IDU-1739-2023, se han acordado pagos adicionales por $602.218.270 en la primera prórroga, $612.972.168 en la segunda y $806.542.325 en la tercera. Además, las prórrogas de interventoría asociadas a este mismo tramo han escalado a cifras de $1.584.345.576 y $1.937.798.578 respectivamente, recursos que se restan del Fondo de Compensaciones del contrato original para cubrir la operatividad de los equipos de trabajo mientras no hay obra física.
Por su parte, el contrato IDU-1727-2023, que cubre desde la calle 127 hasta la calle 183, registra un comportamiento similar con extensiones que han llevado la etapa de preconstrucción a más de diecisiete meses. Las modificaciones han incluido sobrecostos por $810.507.720 en la primera prórroga y $900.564.135 en la segunda, sumados a la incorporación de un nuevo componente de $1.094.172.743 para la implantación de paraderos del Sitp solicitados por Transmilenio tras el inicio del contrato.
En el tercer lote, regido por el contrato IDU-1740-2023 (calle 183 a 200 y patio portal), la preconstrucción fue prorrogada por seis meses adicionales el 29 de diciembre de 2024, lo que implicó el traslado de $3.017.240.961 del fondo de compensación para financiar el componente principal de esta etapa y cubrir nuevos hitos de diseño como el descole de la quebrada Tibabita y accesos viales complejos.