Evaluados los documentos suministrados por la sociedad solicitante, el regulador corporativo considera que la solicitud de admisión no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, pues no fue posible validar la cesación de pagos.
La constructora asegura que su situación “se enmarca en el supuesto de cesación de pagos, teniendo un pasivo exigible que asciende a $67.890.499.244 y presenta obligaciones vencidas por más de 90 días por valor de $16.928.820.236, valor que representa no menos del 10% del pasivo total de la compañía. De igual forma, actualmente se encuentra como demandada en diez procesos ejecutivos.
Desde marzo pasado abandonó las obras del proyecto Samán del Lago con Comfandi, en Jamundí, Valle (ubicado en el antiguo Club de Cazadores de Cali), en donde sólo entregó una torre de una ciudadela conformada por 1.200 apartamentos estrato tres en cuatro manzanas.
Sin embargo “no aportó la relación de obligaciones con vencimiento superior a 90 días, y al validar los pasivos en el estado de situación financiera con los que se mencionan en la certificación aportada, no concuerdan los valores”, advirtió Alfonso Francisco Cepeda Amaris, coordinador del Grupo de Admisiones de la Súper.
En esencia el total del pasivo no coincide con el estado de situación financiera. Es así como en el estado de situación financiera el valor total del pasivo es de $ 76.373.366.726, en estado de inventario la columna Saldo Capital por Pagar los saldos suma $70.705.707.450 y los saldos de la columna Saldo a la Fecha de Corte de la Solicitud suman $75.328.000.726
La sociedad presenta activos con corte a 31 de agosto de 2023 por valor $86.487.783.645,
ACCIONISTAS DE APORTEMA S.A.S.
Con el Radicado 2023-01-887547 del ocho de noviembre de 2023 se aportó documento con firmas de Luis Enrique Rubio Díaz (mayor accionista)en calidad de representante legal, Johanna Sánchez como contador público y Edgar Acero en calidad de revisor fiscal en el que relacionan diversas obligaciones vencidas por más de 90 días a favor de varios acreedores por valor de $20.892.995.283, que de acuerdo con el documento representan el 27,356% del pasivo total a cargo de la sociedad.
Tiene pasivo pendiente de pago por retenciones en la fuente a favor de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales por un valor de $1.862.5 millones, el cual será atendido previa confirmación del acuerdo de reorganización conforme el Articulo 32 de la ley 1429 de 2010.
No tiene a cargo obligaciones vencidas por concepto de descuentos efectuados a los trabajadores, pero di “tiene a su cargo obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social por un valor de doscientos sesenta y ocho millones ochenta y un mil cero veintidós pesos mcte. ($268.081.022), los cuales serán atendidos previa confirmación del acuerdo de reorganización conforme lo establece la Ley 1429 de 2010.
Para la Superintendencia de Sociedades no fue posible realizar la conciliación entre el estado de situación financiera y los inventarios aportados puesto que existen diferencias entre los saldos de las partidas. El detalle aportado de algunas cuentas no se encuentra discriminado, como por ejemplo la partida “inventarios”.
Una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Promotora Apotema autorizó a Diana María Gutiérrez Uribe para adelantar todas las diligencias necesarias para realizar la presentación de la sociedad a un proceso de reorganización empresarial de la ley 1116 de 2006, hasta que el nombramiento de un representante legal de la sociedad quede inscrito en el certificado de existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio.
Al realizar la consulta del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad, se evidenció que el representante legal principal es Luis Enrique Rubio Díaz y el representante legal suplente es Jorge Enrique Rubio Gutiérrez.
Sin embargo, no es claro para la Superintendencia si se va a realizar un cambio de representante legal teniendo en cuenta lo citado en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas aportada, en el cual menciona que se autoriza a Diana María Gutiérrez Uribe para adelantar las diligencias necesarias hasta que quede inscrito el nombramiento de un representante legal en el Certificado de Existencia y representación legal.
Adicionalmente no fue aportado, un poder otorgado por el actual representante legal a Diana María Gutiérrez para adelantar el proceso y no se mencionó que cargo tiene en la sociedad o si va a ejercer como apoderada. En el correo enviado para radicar la solicitud no se indicó quien remitió el correo.
En el mensaje de datos radicado 2023-01-887547 el 08 de noviembre de 2023, se informó que a la fecha se encuentra en trámite ante la Cámara de Comercio el cambio del represente legal de la sociedad, el cual a la fecha no se ha registrado, razón por la cual conforme a la Cámara de Comercio vigente, el representante legal de la compañía sigue siendo Luis Enrique Rubio.
Objeto social:
El objeto de la sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades: A. La construcción, aprovechamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, propios y ajenos, para ejercer sobre ellos todos los actos de ingeniería, arquitectura, la promoción de proyectos inmobiliarios. B. El comercio inmobiliario en todas sus formas, su explotación y administración. C. La administración y operación de estaciones de servicios de combustibles, centro de lubricación, alineación, balanceo, lavado, reparaciones menores de vehículos automotores y demás servicios conexos con esta actividad. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: 1. Ejecutar y realizar todas las actividades, operaciones y negocios civiles, comerciales y financieros. 2. La celebración de contratos con terceros en cualquiera de sus modalidades vigentes, precio fijo, precio unitario fijo o por administración delegada. 3. Contratar, prestar o dirigir la supervisión o interventoría de toda clase de obras de ingeniería y/o arquitectura. (…).
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