Bogotá.- La invitación fue liderada por Luís Edmundo Suárez Soto, como viceministro de Estrategia y Planeación, y por Mario Andrés García Camón, director de Logística del Ministerio de Defensa. Una decena empresas nacionales y extranjeras fueron invitadas al mantenimiento de los helicópteros Ml-17 rusos del Ejército Nacional de Colombia, arrumados en la base militar de Tolemaida (Tolima).
En esencia el 80% de la flota se encuentraba en tierra, y hoy están iguales, por falta de atención de los programas aeronáuticos debidos.
Curiosamente, hasta la última semana de noviembre de 2024, las compañías que presentaron sus ofertas al Ministerio de Defensa, nunca recibieron noticias sobre el estado del proceso de contratación por nada menos que fue otorgado por US$32 millones a la firrma Vertol Systems (MI-Series Personnel & Parts LLC), del colombiano Carlos Martín Uribe, y el estadounidense
En esencia el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, direccionó el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito nueve días despué sde las dfenuncia de Primera Página, el 31 de diciembre de 2024.
Esta fue laa investigación de Primera Página la que desnudó el escándalo:
LA IMPUTACIÓN DE HOY DE LA FISCALÍA
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
Los elementos materiales probatorios indican que, presuntamente, ordenó adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas.
Así mismo, habría intervenido en reuniones de estructuración para flexibilizar requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato.
La investigación también estableció que conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera.
Posteriormente, la forma de pago fue modificada para autorizar un desembolso anticipado del 50% del valor del contrato. En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados US$16.231.700 dólares, aunque únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de US$2,6 millones. Tras la declaratoria de incumplimiento, permanecen pendientes de reintegro más de US$13 millones.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Los cargos no fueron aceptados.