Bogotá.- La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó a la sociedad Agroonix S.A.S., con domicilio principal en el municipio de Tabio (Cundinamarca) y cuyo representante legal es Santiago Gómez Heredia, suspender de manera inmediata las actividades de captación masiva o recaudo no autorizado de dinero del público.
La medida, adoptada mediante la Resolución 1629 de 2022, ordenó además a la sociedad realizar de forma inmediata la devolución de los recursos que fueron captados de manera ilegal así como retirar de los medios de comunicación empleados (documentos, aplicaciones de mensajería, entre otros), cualquier término, palabra o alusión que equivocadamente pueda dar a entender a sus clientes y al público en general que se encuentra autorizada para desarrollar actividades de financiación colaborativa a través de valores representativos de deuda o de capital social.
Esta Superintendencia estableció que el modelo de negocio de la sociedad Agroonix S.A.S. consistía en promover en su plataforma proyectos agrícolas relacionados con la ganadería y el cultivo de frutas, los cuales requerían capital de trabajo para su desarrollo.
Posteriormente, en su plataforma web publicaba una convocatoria con el fin de que terceras personas, mediante un supuesto modelo colaborativo y la suscripción de un contrato de mandato, invirtieran recursos en los citados proyectos con la promesa de recibir una rentabilidad entre el 15% y el 40% efectivo anual.
La inversión mínima contemplada era de $200.000, recursos que supuestamente estaban destinados a financiar a cultivadores de uchuva, gulupa y fresa o a proyectos de ganadería que el inversionista escogía. No obstante, la sociedad Agroonix S.A.S. asignaba los recursos a proyectos diferentes a los seleccionados por los inversionistas.
De esta manera, la sociedad logró suscribir al menos 155 contratos de mandato vigentes con 147 personas en varios períodos de tres meses consecutivos, comprendidos entre noviembre de 2021 y junio de 2022 por cuantía total de $270.850.000.
La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
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